En el piso alto de una espléndida casa de Nuakchot, la capital de Mauritania, Jemal Ould Mohamed abre la puerta de su maravillosa biblioteca con una sonrisa franca. Nacido en Atar en 1958 en el seno de una familia de eruditos y tras estudiar Administración, se convirtió en inspector de finanzas del Estado en las embajadas de su país en el exterior. Amante de los libros y la historia, fue enriqueciendo la colección familiar con artículos de prensa, volúmenes, informes, legajos antiguos y mapas traídos de Alemania, Francia, Inglaterra, España o Senegal. “Todo lo que encontraba referido al espacio sahelo-sahariano me interesaba, desde la antropología hasta la geografía, pasando por la historia o la religión”, asegura.

Bucear en esta biblioteca Ahmed Mahmoud Ould Mohamed es como sumergirse en otros tiempos. Hay una estantería entera con los manuscritos familiares, otra para la historia de Tombuctú, un armario donde se conservan los boletines oficiales mauritanos desde 1960, uno más para asuntos diplomáticos y otro donde conviven historias del aviador Saint Exupery y del famoso naufragio de La Meduse. Y allí, en una esquina, dos estantes completos con documentación diversa sobre el Sahara Occidental. Y el nombre de Canarias empieza a saltar de los papeles.

La creación a finales del siglo XIX del protectorado español de Río de Oro, posteriormente provincia del Sahara Occidental, estuvo vinculada a la necesidad de proteger a los pescadores canarios que faenaban en aquellas aguas de la hostilidad de ciertas tribus. La Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas fue gran impulsora de la ocupación del territorio, cuya delimitación definitiva (respetada casi intacta hasta la actualidad) fue firmada por el teldense Fernando de León y Castillo, en aquel entonces embajador español en Francia.

La creación a finales del siglo XIX del protectorado español de Río de Oro, posteriormente provincia del Sahara Occidental, estuvo vinculada a la necesidad de proteger a los pescadores canarios

Hay que remontarse a 1880. El 2 de agosto de ese año, el armador isleño Rafael García Sarmiento denunciaba ante la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria los numerosos problemas que estaban teniendo los pescadores isleños en aguas de la costa africana a raíz “de poseer los moros que habitan aquella costa algunas lanchas y faluchos con que persiguen a nuestros marineros obligándolos a abandonar la pesquería”. Como asegura el historiador Jesús María Martínez Milán en un artículo publicado en la revista Canarii 21 del que se extrae la cita anterior, “no era ésta la primera vez ni sería la última”. En efecto, la presencia de pescadores isleños frente a las costas del Sahara no fue siempre bien recibida.

Por todo ello, el militar y africanista zaragozano Emilio Bonelli propuso a comienzos de 1884 al presidente del Gobierno, el conservador Antonio Cánovas del Castillo, que sufragara una misión para ocupar esa zona costera y establecer bases de aprovisionamiento y protección para los canarios. Cánovas aceptó y concedió 7.500 pesetas a Bonelli procedentes de los fondos reservados del Estado. No era mucho dinero, ni siquiera para la época, pero sí suficiente para ponerse en marcha. Y si la empresa fracasaba el Gobierno podía salir de rositas.

En hábil presidente estaba tratando de situar a su país en la carrera que acababa de comenzar en África. Pocos meses más tarde, las grandes potencias europeas se repartirían el continente como una apetitosa tarta en la Conferencia de Berlín y España corría el riesgo de quedarse sin colonias. En aquel entonces era tan sencillo como establecer una base en la costa y fijar alianzas con la población local: si eras el primer europeo en hacerlo, te lo quedabas.

Con el beneplácito del Gobierno, Bonelli puso rumbo a Canarias donde comenzó a preparar su expedición. Tras conseguir mercancías y material de construcción zarpó del Puerto de Las Palmas el 15 de octubre de 1884 a bordo de la goleta de guerra Ceres junto al capitán de fragata Pedro de la Puente y un grupo de soldados. Después de construir una caseta de madera e izar la bandera tricolor, el 4 de noviembre daba por fundado el primer asentamiento español en Río de Oro, lo que con el tiempo se convertiría en la ciudad de Villa Cisneros y en la actualidad se denomina Dajla. Pero Bonelli no se iba a contentar con esto.

En la biblioteca de Jemal Ould Mohamed en Nuakchot está la prueba. Allí se guarda una copia de un acuerdo firmado entre el explorador aragonés y los representantes de tribus locales el 28 de noviembre, es decir, 24 días después, por el que los “indígenas” se comprometían a ceder “el territorio llamado Uedibée o Cabo Blanco” (la Península que hoy comparten Nuadibú y La Güera) “para que se halle bajo la única protección y gobierno de SM el Rey de España Don Alfonso XII”. Idénticos acuerdos firmó Bonelli en Angra de Cintra, Bahía del Oeste y la citada Villa Cisneros.

Emilio Bonelli propuso a comienzos de 1884 al presidente del Gobierno, el conservador Antonio Cánovas del Castillo, que sufragara una misión para ocupar esa zona costera y establecer bases de aprovisionamiento y protección para los canarios.

Apenas un mes después, el Gobierno español tomaba bajo su protección toda la costa desde Cabo Bojador hasta Bahía del Oeste, según consta en otro documento que se conserva en esta biblioteca firmado por José Elduayen, ministro de Estado de Cánovas. La presencia de estos asentamientos españoles en la costa “alentó una intensa actividad pesquera y comercial entre el Sahara Occidental y Canarias”, según explica el historiador Manuel Fernández Rodríguez en su obra España y Marruecos en los primeros años de la Restauración. En febrero de 1885 se construía un edificio de piedra junto a la caseta de madera de Villa Cisneros y el vapor Río de Oro cargaba ganado hacia las Islas y lana y pieles hacia Sevilla y dejaba, a cambio, “manufacturas europeas que los nativos recibían gozosamente”. Sin embargo, no todo iba a ser coser y cantar.

El 9 de marzo de 1885, aprovechando que Bonelli se encontraba en España dando cuenta de sus éxitos, la incipiente Villa Cisneros fue atacada por 50 ó 60 nativos armados, en un incidente en el que murieron seis españoles y otros 16 fueron secuestrados. La caseta de madera fue incendiada mientras que el edificio de mampostería resultó seriamente dañado. El 10 de julio, según un Real Decreto que conserva esta biblioteca mauritana y tras “el bárbaro atropello consumado por los indígenas en la factoría de Río Oro”, se nombraba comisario regio del protectorado al propio Emilio Bonelli para “proveer a la defensa de las personas y bienes de súbditos allí residentes” y debido a los “importantes bancos de pesca que constituyen uno de los principales elementos de vida del pueblo canario”.

En los años siguientes, españoles y nativos fueron firmando nuevos acuerdos. Jemal Ould Mohamed conserva uno firmado el 10 de mayo de 1886 en Arrecife (Lanzarote), por el que las tribus Ait Musa Uali y Beni Zorguín se ponían bajo la protección de la Sociedad Española de Geografía Comercial, a la que permitían instalarse entre el río Xibica y Cabo Bojador. Pero no fue el único.

El progresivo reconocimiento de la autoridad española en la zona por parte de sus habitantes desembocó en la famosa convención para la delimitación de las posesiones francesas y españolas en África occidental firmado en París el 27 de junio de 1900. Dicho acuerdo, que se conserva en esta biblioteca junto a un mapa, fijaba las fronteras de lo que luego sería el Sahara Español. Por parte española firmó Fernando de León y Castillo, Marqués del Muni, entonces embajador en Francia, un canario más que se cuela en esta historia de vínculos compartidos.